LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Ley publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 08 de Julio de 2008

TEXTO VIGENTE

Al margen un sello con el Escudo del Estado de Baja California Sur, al calce dice: PODER EJECUTIVO.

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

DECRETO No. 1752

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1°.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto la protección y seguridad de los habitantes del Estado de Baja California Sur, así como la  de establecer las bases de coordinación entre las instituciones y autoridades a quienes compete ejercer la función de seguridad pública en la entidad, y ejercer las acciones tendientes a integrar el Consejo de Consulta y Participación Ciudadana

ARTÍCULO 2°.- Las acciones en materia de seguridad pública a que se refiere la presente Ley y los Reglamentos que de ella emanen, así como las instituciones encargadas, deberán ajustarse a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a las Leyes expedidas por el Congreso de la Unión que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios en materia de seguridad pública; a las políticas y lineamientos que emanen del sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a la Constitución Política del Estado de Baja California Sur.

ARTÍCULO 3°.- Conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para los efectos de esta Ley, la seguridad pública es una función a cargo del Gobierno del Estado de Baja California Sur y de sus Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, que tiene como fines mantener y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas. Consecuentemente, la seguridad pública no podrá ser objeto de concesión a los particulares.

El Estado y los Municipios celebrarán los convenios que sean necesarios para los efectos de las disposiciones previstas en la presente Ley.

ARTÍCULO 4°.- Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, para lograr los objetivos de la función de seguridad pública, realizarán acciones de prevención, investigación y persecución de las infracciones y delitos, así como aquellas encaminadas a la reinserción social del delincuente, del adolescente en conflicto con la ley penal, la planeación de políticas públicas de la materia, participación ciudadana y mecanismos para garantizar la confianza y honorabilidad de los integrantes del sistema estatal de seguridad pública. 

ARTÍCULO 5°.- El Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, combatirán las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollarán políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto de la legalidad y la cultura.

ARTÍCULO 6°.- Son Instituciones de Seguridad Pública e integran el Sistema Estatal de Seguridad Pública, las siguientes:

I.-  	La Secretaría de Seguridad Pública.

II.- 		El H. Tribunal Superior de Justicia del Estado;

III.-		La Procuraduría General de Justicia del Estado;

IV.- 	Las Direcciones de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de los Ayuntamientos de la entidad; y

V.-  	Las Dependencias de la Administración Pública del Estado y de los Municipios que tengan como finalidad aplicar programas de prevención de conductas antisociales.

ARTÍCULO 7°.- Las Instituciones de Seguridad Pública desarrollarán las funciones en sus respectivos ámbitos de competencia, de igual forma cuando así lo soliciten podrán actuar de manera coordinada conforme a las atribuciones constitucionales conferidas a cada una de ellas, y a lo que dispongan sus correspondientes Leyes Orgánicas y Reglamentos interiores, así como a lo establecido en la presente Ley.

ARTÍCULO 8°.- La conducta de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y disciplina; las autoridades estatales y municipales establecerán instrumentos de formación dirigidos a los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública que inculquen estos principios.

ARTÍCULO 9°.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

Academia: Academia Estatal de Policía, Órgano dependiente de la Secretaría encargado de la capacitación y adiestramiento del personal operativo de las instituciones y corporaciones de seguridad pública.

Corporaciones de Seguridad Pública.- Lo son la Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial del Estado, Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, personal de seguridad y custodia penitenciarios, así como el personal de custodia de los Centros de Internamiento de los Adolescentes.

Consejo Estatal de Seguridad Pública: Órgano Colegiado integrado por los Titulares de las Instituciones de seguridad pública, encargado de establecer un sistema de información que apoye la toma de decisiones para prevenir y disminuir los delitos, integrar un sistema de seguimiento y evaluación de las actividades que se realicen, en el marco de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

CERESOS: Centros de Readaptación Social destinados para todas aquellas personas que se encuentren en prisión preventiva o  compurgando una pena privativa de la libertad con miras a una readaptación social por medio de la capacitación, disciplina, educación, el trabajo, tratamiento psicológico y contra las adicciones.

Centro Estatal de Control de Confianza.-  Órgano de la Secretaría encargado de realizar las evaluaciones de poligrafía, entorno social, psicológicos, toxicológicos  a los aspirantes a ingresar a las corporaciones de seguridad pública, así como al personal activo de dichas corporaciones.
El Consejo: Consejo de Consulta y Participación Ciudadana. Órgano externo de asesoría y opinión que tiene como finalidad coadyuvar con la Comisión de Honor y Justicia en el correcto funcionamiento de las instituciones y corporaciones de seguridad pública. 

Ley: La Ley  de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur.

Policía: Policía Estatal Preventiva dependiente de la Secretaría, conformada por la Unidad Estatal de Inteligencia Policial, Unidad de Fuerzas  Estatales de Apoyo y la Unidad de Reacción Inmediata.

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública: Banco de datos que contiene la información relativa a los integrantes de las Instituciones de Seguridad de la Federación, los Estados y los Municipios entre estos datos se encuentran aquellos que permiten identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes laborales, su trayectoria en los servicios de seguridad pública; estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor, así como cualquier cambio de adscripción, actividad o rango y las razones que lo motivaron.

Secretaría: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur.

ARTÍCULO 10.- Cuando por razones económicas o por carecer de elementos materiales y técnicos, algún Municipio del Estado esté en imposibilidad de prestar los servicios de seguridad pública a su cargo, podrá celebrar convenio con el Gobierno del Estado, para que éste asuma, en forma parcial o total, dichos servicios, previa autorización del Congreso del Estado, conforme lo dispuesto en los artículos 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 64 fracción XLIII de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur  artículos 27, fracción I, inciso o de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Baja California Sur.  

ARTÌCULO 11.- La aplicación y reglamentación de la presente Ley, corresponde de manera concurrente a las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, con base en lo previsto en la presente Ley y en los convenios de coordinación y acuerdos que al efecto se suscriban.

La reglamentación de la presente Ley, establecerá las normas mínimas que sirvan de base para la celebración de convenios de coordinación entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, con estricto respeto a la Autonomía Municipal y a las atribuciones que corresponden constitucionalmente a las Instituciones de seguridad pública del Estado y Municipios. 

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 12.- Son Autoridades Estatales en Materia de Seguridad Pública:                     

I.-  	El Gobernador del Estado;

II.- 	Los Magistrados, Jueces en materia penal y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia;
III.- 	El Secretario General de Gobierno;

IV.-	El Secretario de Seguridad Pública;

V.- 	El Comisario General de la Policía Estatal Preventiva, mandos  y sus agentes en el estado;

VI.- 	El Procurador General de Justicia del Estado;

VII.-  	Los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común;

VIII.- 	El Director de la Policía Ministerial del Estado, Comandantes y sus Agentes en el Estado; y

 IX.- 	El Director General de Prevención y Readaptación Social y los Servidores Públicos que tengan a su cargo los Centros de Readaptación Social, Centros de Internamiento y tratamiento externo de los Adolescentes.

También serán autoridades de seguridad pública los elementos y funcionarios a quien se le atribuya mediante nombramiento o instrumento jurídico equivalente expedido por la autoridad correspondiente.

ARTÍCULO 13.- Son Autoridades Municipales en Materia de Seguridad Pública:

I.-     	Los Ayuntamientos;

II.-    	Los Presidentes Municipales; y

III.- 	Los Directores, Comandantes y Agentes de las corporaciones de Seguridad y Tránsito Municipal.

ARTÍCULO 14.- Compete al Gobernador del Estado en materia de seguridad pública:

I.- 	Cuidar y mantener el orden público preservando la paz y tranquilidad social en el Estado;

II.- 	Coordinar los cuerpos de seguridad pública en el Estado, y dar órdenes a la policía preventiva municipal en aquellos casos en que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; 

III.- 	Celebrar convenios de coordinación con la Federación, las entidades federativas y los municipios, para una mejor prestación del servicio de seguridad pública en el Estado;

IV.- 	Establecer los planes y programas estatales en materia de seguridad pública, de conformidad a lo dispuesto en la presente Ley;

V.- 	Dirigir, normar, controlar y supervisar el funcionamiento de las Instituciones de Seguridad Pública a su cargo.

VI.- 	Proveer en la esfera de su competencia la exacta observancia de las disposiciones de la presente Ley; y

VII.- 	Las demás que le confieran este ordenamiento y otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 15.- La Policía Municipal, a través de los Directores o quienes los suplan interinamente, estarán bajo el mando directo del Presidente Municipal. 

Fuera de los supuestos en que los Cuerpos Policiales del Estado y de los Municipios deban actuar coordinadamente, la Seguridad Pública en los Municipios se ejercerá y desarrollará conservando cada una de las funciones que les son propias, conforme a las normas  que los regulen.

ARTÍCULO 16.- Los Magistrados y Jueces en materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, como autoridades encargadas de la imposición de las penas y sanciones a los responsables de la comisión de delitos, tendrán las atribuciones que en materia de seguridad pública se derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y de la presente Ley.

ARTÌCULO 17.- Los Magistrados y Jueces en materia penal del Tribunal Superior de Justicia, Especializados en Adolescentes, serán los encargados de determinar las medidas de orientación, protección y tratamiento, las cuales tendrán como finalidad la reintegración social y familiar del adolescente. De la misma forma serán los jueces especializados en adolescentes quienes determinaran las medidas de orientación y protección, las cuales consistirán en apercibimiento, mandamientos o prohibiciones, con la finalidad de regular el modo de vida de los adolescentes en lo concerniente a conductas que afecten el interés de la sociedad.  Así mismo tendrán las atribuciones que señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Baja California Sur.

ARTÍCULO 18.-  El Secretario General de Gobierno proveerá en la esfera de su competencia, conforme a los preceptos legales aplicables, el cumplimento de los acuerdos  y demás disposiciones que le dicte el Gobernador del Estado en materia de Seguridad Pública.

ARTÍCULO 19.- El Secretario de Seguridad Pública, en el ámbito de su competencia implementará las políticas, acciones, acuerdos o disposiciones que dicte el Gobernador del Estado, en la materia.

El Secretario de Seguridad Pública, mediante acuerdo con el Titular del Ejecutivo del Estado, designará al Comisario general  de la Policía Estatal Preventiva y a los Subcomisarios de las respectivas áreas como son Unidad Estatal de Inteligencia Policial, Unidad de Fuerzas Estatales de Apoyo y Unidad de Reacción Inmediata.

ARTÍCULO 20.- Las políticas, lineamientos  y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Estatal de Seguridad Pública y en las demás instancias de coordinación.  

ARTÍCULO 21.- El Secretario de Seguridad Pública, los elementos de la policía estatal preventiva, el  Procurador General de Justicia del Estado, los Agentes del Ministerio Público, y la policía a su mando,  así como los Servidores Públicos encargados de la prevención y readaptación social, los cuerpos de seguridad pública municipales, y las demás que en el futuro se constituyan; ejercerán  las atribuciones que en materia de seguridad pública les confieran las Leyes y Reglamentos en el ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 22.- Se consideran como elementos de los cuerpos de seguridad pública, a aquellos a quienes expresamente se les atribuya ese carácter mediante nombramiento o instrumento jurídico equivalente expedido por la autoridad competente.

No forman parte de los cuerpos de seguridad pública aquellas personas que desempeñen funciones de carácter administrativo o ajenas a la seguridad pública, aún cuando laboren en las dependencias encargadas de prestar ese servicio.

ARTÍCULO 23.- El Procurador General de Justicia del Estado, los Agentes del Ministerio Público y los servidores públicos encargados de la prevención y la readaptación social, ejercerán las atribuciones que en materia de seguridad pública le confieran las leyes y reglamentos en el ámbito de su competencia. 
ARTÍCULO 24.-  Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Seguridad Pública:

I.- 		En el ámbito de su competencia, garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y de sus bienes, así como preservar y guardar el orden público;
II.- 		Elaborar los planes y programas de seguridad pública de sus respectivos Municipios;

III.- 	Observar que los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y tránsito municipal cumplan con los requisitos de profesionalización que exige esta Ley;

IV.- 	Acordar la celebración de convenios en materia de seguridad pública con el Gobierno del Estado y otros Municipios; y

V.- 	Las demás que les asigne esta Ley y los Reglamentos o Bandos aplicables.

ARTÍCULO 25.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales:

I.- 	Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento relacionados con la seguridad pública;

II.- 	Dictar las medidas necesarias para mantener el orden y tranquilidad públicos en el Municipio; así como prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas en su integridad física, en sus bienes, posesiones y derechos;

III.- 	Ejecutar las acciones que deriven de los convenios de coordinación que celebre el Municipio con el Gobierno del Estado en materia de seguridad pública;

IV.- 	Cuidar la organización y correcto desempeño de las funciones encomendadas a los cuerpos de seguridad y tránsito municipal;

V.- 	Proveer en la esfera de su competencia la exacta observancia de las disposiciones de la presente Ley; y

VI.- 	Las demás que les  confieren esta Ley y otros ordenamientos legales en materia de seguridad pública.

ARTÍCULO 26.- Los Directores, Comandantes y Agentes de las Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito de los Ayuntamientos de la entidad, ejercerán las atribuciones que en materia de seguridad pública les confieran las leyes y reglamentos en el ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 27.-Son facultades y obligaciones de la Secretaría, además de las establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado las siguientes:

I.- 	Promover la formación del personal del Centro Estatal de Control de Confianza, Unidad de Fuerzas Estatales de Apoyo, Unidad Estatal de Inteligencia Policial y la Unidad de Reacción Inmediata;

II.- 	Desarrollar programas de capacitación para las Corporaciones de Seguridad Pública, así como la elaboración de los manuales correspondientes;

III.- 	Realizar periódicamente pruebas de laboratorio al personal de seguridad pública preventiva, para detectar en su caso el consumo de sustancias consideradas como narcóticos;

IV.- 	Integrar y coordinar el banco de municiones y armamento de los elementos pertenecientes a las corporaciones policíacas del Estado, Municipios y de la Secretaría de Seguridad Pública y el registro correspondiente a los municipales, llevando el control de altas y bajas de armamento y municiones, del personal autorizado para portarlas;

V.- 	Llevar el archivo estatal de antecedentes del personal de las corporaciones de seguridad pública;

VI.-	Prevenir la comisión de delitos y conductas antisociales a través de la aplicación de estrategias policiales, de participación ciudadana, de inteligencia policial,  acciones en contra de la delincuencia;

VII.-	Coordinarse y coadyuvar con las autoridades competentes en acciones preventivas y operativas para combatir el delito en ambos fueros, además de las infracciones o faltas administrativas, practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia en los términos de ley, poniendo a disposición de las autoridades administrativas, ministeriales o judiciales según el caso, atendiendo los casos constitucionales establecidos para ello;

VIII.-	Colaborar cuando así lo soliciten las autoridades locales o federales, ejerciendo sus funciones en acciones coordinadas;

IX.- 	Obtener, analizar, estudiar y procesar la información, así como accionar estrategias para prevenir y combatir la gestación de delitos;

X.- 	Colaborar por orden del Titular del Ejecutivo Estatal con los servicios de protección civil en caso de situaciones de riesgo por disturbios sociales o desastres por causas naturales;

XI.- 	Formar y operar el Centro Estatal de Control de Confianza, instancia con dependencia directa del Secretario de Seguridad Pública, que a través de la aplicación de pruebas poligráficas, toxicologícas, psicológicas, psiquiátricas, de entorno social, de historial profesional  y otras, evaluaran la confiabilidad, honorabilidad de los elementos estatales y  municipales de las corporaciones de seguridad pública, a solicitud de las autoridades correspondientes; y

XII.- 	Las demás que señale esta Ley y demás aplicables;

TÍTULO TERCERO
DE LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 28.- Las autoridades de la Federación, del Estado de Baja California Sur y de los Municipios de la Entidad, se coordinarán en materia de seguridad pública en los términos dispuestos  por el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por sus Leyes y Reglamentos.

ARTÍCULO 29.- Las autoridades competentes del Estado y Municipios se coordinarán para:

I.- 	Integrar el Sistema Estatal y Municipal de Seguridad Pública;

II.- 		Determinar las políticas de seguridad pública, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones, a través de las instancias previstas en esta Ley;

III.- 	Establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizados todos los instrumentos de información para el eficaz cumplimiento de la función de la seguridad pública;

IV.- 	Formular propuestas para el Programa Estatal de Seguridad Pública, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo;

V.- 		Tomar medidas y realizar acciones y operativos conjuntos; y

VI.- 	Celebrar todos aquellos acuerdos que tengan como finalidad cumplir con los objetivos de esta Ley y demás disposiciones legales en materia de seguridad pública.

ARTÍCULO 30.- La Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Baja California Sur, conocerá de las materias siguientes:

I.-  	Los sistemas disciplinarios, así como los de estímulos y recompensas;

II.- 	La organización, administración, operación y modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública;

III.- 	Las propuestas de aplicación de recursos para la seguridad pública, incluido el financiamiento conjunto;

IV.- 	El acopio, suministro, intercambio y sistematización de todo tipo de información sobre seguridad pública para prevenir el delito otorgando el apoyo en esta materia a las autoridades respectivas para  desarticular redes delictivas;

V.-  	Acciones policiales conjuntas, en el ámbito de sus respectivas competencias;

VI.- 	Las relaciones con la comunidad y fomento de la cultura de prevención de infracciones y delitos; y

VII.- 	Las que sean necesarias para incrementar la eficacia de las medidas y acciones tendientes a alcanzar los fines de la seguridad pública.

ARTÍCULO 31.- Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos entre  el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de la Entidad o con base en los acuerdos y resoluciones que deriven del Consejo Estatal y Municipal de Seguridad Pública y de las demás instancias regionales y locales de coordinación.

ARTÍCULO 32.- Las Autoridades de la Federación, Gobierno del Estado y de los Municipios participarán en el Consejo Estatal y Municipal de Seguridad Pública como instancia de coordinación a nivel Estatal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la integración, atribuciones y funcionamiento que determine la ley de la materia, del párrafo sexto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 33.- En cada uno de los Municipios de la entidad se establecerán los Consejos Municipales de Seguridad Pública de conformidad con  los lineamientos que al efecto emita el Consejo Estatal.

ARTÍCULO 34.- Cuando para el cumplimiento de la función de Seguridad Pública sea necesaria la participación del Gobierno del Estado de Baja California Sur y otra o más entidades Federativas, mediante convenio se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente.

ARTÍCULO 35.- Las Autoridades Estatales y Municipales de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán operativa y administrativamente sus actividades en las siguientes materias:

I.- 	Sistemas expeditos para el intercambio de información que facilite el desarrollo de sus actividades;

II.- 	Cooperación en la instrumentación de operativos policiales.

III.- 	Instrumentación de operativos especiales para desarme de la población civil, evitar el consumo indebido de bebidas alcohólicas y narcóticos; respetando en todo momento las garantías individuales que estable la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.- 	Vigilancia y prevención del delito en las zonas conurbadas, cuando corresponda a dos o más municipios del Estado.

V.- 	Prestación del servicio de Seguridad Pública en los demás casos en que se requiera la acción conjunta de dos o más cuerpos policiales; y

VI.- 	Las demás que determine la presente Ley y otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 36.- Para la adecuada coordinación de las acciones de su competencia, las Autoridades Estatales y Municipales de Seguridad Pública, tendrán las siguientes atribuciones concurrentes:

I.- 	Mantener el orden y la tranquilidad publica del Estado;

II.- 	Prevenir la Comisión de delitos y proteger a las personas en sus propiedades y derechos;

III.- 	Cooperar en la planeación y ejecución de operativos conjuntos;

IV.- 	Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y persecución de delitos, en la detención de personas o en aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento o producto de un delito;

V.- 	Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes. 

TÍTULO CUARTO
DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO  ÚNICO

ARTÍCULO 37.- El Programa Estatal de Seguridad Pública será el instrumento que contendrá los lineamientos y acciones que de manera coordinada deberán realizar las instituciones y corporaciones de Seguridad Pública del Estado y Municipios respetando sus ámbitos de competencia constitucional.

ARTÍCULO 38.- Corresponderá a la Secretaría la implementación del Programa Estatal de Seguridad Pública y para su actualización se llevarán a cabo acciones y mecanismos de consulta para aportar lo que se considere necesario para cumplir con los objetivos trazados.

ARTÍCULO 39.- El programa Estatal deberá incorporar los lineamientos emanados de las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y deberá contener como mínimo:

I.- 	El diagnóstico de la situación que presenta la seguridad pública en el Estado de Baja California Sur;

II.- 	Los objetivos específicos a alcanzar;

III.- 	Las acciones a desarrollar para el logro de sus objetivos, incluyendo los subprogramas específicos por Municipios; 

IV.-  	La coordinación entre las instituciones de seguridad pública estatales y municipales; y

V.-  	La participación de la comunidad para alcanzar los objetivos del programa.

ARTÍCULO 40- Corresponderá al Consejo Estatal de Seguridad Pública la evaluación semestral del Programa Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de establecer nuevas estrategias y acciones, o reforzar, modificar o suprimir aquéllas que no cumplan con sus objetivos.

TÍTULO QUINTO
	DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

	CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 41.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes y Reglamentos que de ellas emanen, el Estado y los Municipios suministrarán, intercambiarán y sistematizarán la información sobre seguridad pública para los usos que estimen convenientes para el mejor desempeño de las funciones a su cargo, así como para que ésta sea proporcionada oportunamente al Sistema Nacional en la materia.

ARTÍCULO 42.- En los términos señalados por el artículo anterior, la información que proporcionarán las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría, Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Federación y de los Municipios, además de los usos que ahí se indican, tendrá los siguientes objetivos específicos:

I.- 		Inscribir y mantener actualizados en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado y de los Municipios;
 
II.- 		Manifestar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, la relación del armamento y los decomisos de armas, y en general, de todo aquel material y equipo que se utiliza en las instituciones de seguridad pública estatales y municipales de acuerdo con la Ley de Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

III.- 	Proporcionar para la Estadística General de Seguridad Pública los datos necesarios para el análisis de la incidencia criminológica y la problemática de seguridad pública en el Estado;

IV.- 	Suministrar al banco de datos de apoyo a la Secretaría y a la Procuración de Justicia la información sobre personas presuntas responsables de delitos, indiciadas, procesadas o sentenciadas, incorporando sus características criminales, medios de identificación, recursos y modos de operación; y

V.- 		Proporcionar la demás información que sea requerida por el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.

ARTÍCULO 43.- La Secretaría será el conducto para hacer llegar al Sistema Nacional de Información los datos consignados en el artículo precedente.

ARTÍCULO 44.- Las Dependencias de Seguridad Pública del Estado y de los Municipios comunicarán las altas, bajas, ascensos, estímulos y sanciones a sus integrantes, así como aquellos otros datos que requiera el Registro Nacional de Seguridad Pública.

ARTÍCULO 45.- Para la elaboración de las estadísticas de Seguridad Pública, las dependencias del Estado y Municipios que intervienen en esta función, sistematizarán los datos y cifras relevantes sobre servicios de seguridad preventiva, procuración y administración de justicia, sistemas de prisión preventiva, de ejecución de sentencias, ejecución y tratamiento de menores,  y los factores asociados a la problemática de seguridad pública, de conformidad a las disposiciones federales aplicables.

ARTÍCULO 46.- Las dependencias de la dirección de tránsito, procuración y administración de justicia, readaptación social y en general todas las del Gobierno Estatal y Municipal que deban contribuir a la seguridad, estarán obligados a aportar de manera ágil y actualizada la información relativa a las investigaciones, averiguaciones previas, órdenes de detención y aprehensión, sentencias, ejecución de penas, ejecución de medidas relacionados con los adolescentes; en los términos señalados por el artículo anterior.

En los casos de resolución de libertad por desvanecimiento de datos, falta de elementos para procesar y sentencias absolutorias, la autoridad judicial que conozca comunicará lo conducente para dar de baja de la base de datos la información respectiva.

ARTÍCULO 47.- La institución del Ministerio Público sólo podrá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, pero la proporcionará inmediatamente después que deje de existir tal condición.

ARTÍCULO 48- La información a la que se refiere el presente Título será manejada bajo los principios de confidencialidad y reserva. No se proporcionará al público la información que ponga en riesgo la seguridad pública o atente contra el honor de las personas. El incumplimiento de esta obligación se equipará al delito de Revelación de Secretos previsto en el Código Penal del Estado, y en lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  del Estado de Baja California Sur; sin perjuicio de responsabilidades de otra naturaleza.

TÍTULO SEXTO
DE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

 CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 49.- Son obligaciones de las Corporaciones Estatales y Municipales de Seguridad Pública a las que se refiere esta Ley:

I.- 		Incorporarse al Sistema Nacional de Seguridad Pública en los términos que dispone la legislación federal reglamentaria del artículo 21 Constitucional, la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- 		Sancionar a sus integrantes que cometan faltas con motivo de su servicio, de conformidad con la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

III.- 	Recoger del personal que cause baja en el servicio, el arma, credencial, equipo, uniforme y divisas que se les hayan asignado para el desempeño de su cargo;

IV.- 	Prohibir a su personal el uso de grados e insignias reservadas al Ejército Mexicano;

V.- 		Establecer unidades de defensoría jurídica para sus integrantes; y

VI.- 	Las demás que les señale esta Ley y los ordenamientos relativos.

ARTÍCULO 50.- Los nombramientos para cubrir las plazas vacantes o de nueva creación de las corporaciones de seguridad pública, con excepción de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, conforme a la naturaleza del servicio, se otorgará preferentemente a egresados de la Academia Estatal de Policía o  similares de otras Entidades Federativas e instituciones de educación media superior y superior, previa evaluación del Centro Estatal de Control de Confianza y consulta al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

ARTÍCULO 51.- La Secretaría de Seguridad Pública evaluará a través del Centro Estatal de Control de Confianza a los elementos de las corporaciones policiales del Estado y Municipio, y conforme lo disponga la normatividad al respecto, las corporaciones serán responsables de la evaluación del comportamiento, eficiencia y preparación de sus integrantes, a fin de que les permita recibir el reconocimiento por su desempeño con objetividad o promovidos a un cargo de mayor jerarquía de acuerdo a lo estipulado en los reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 52.- Los vehículos al servicio de las dependencias y corporaciones de seguridad pública deberán ostentar visiblemente su denominación, logotipo o escudo y número que los identifique, debiendo portar placas de circulación.

Sin ninguna excepción, los vehículos referidos en el párrafo anterior, deberán estar documentados conforme a las Leyes mexicanas en la materia.

ARTÍCULO 53.- Las corporaciones de seguridad pública del Estado, procuración de justicia y los municipales adquirirán el armamento, municiones, vehículos, equipo de radio-comunicación y demás elementos necesarios para la prestación del servicio a su cargo, con la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en los términos dispuestos por esta Ley y conforme a las determinaciones que al respecto señale el Consejo Estatal de Seguridad Publica.

ARTÍCULO 54.- Las corporaciones de seguridad pública, deberán dotar a su personal de la credencial que los identifique como miembros de las mismas, la que contendrá fotografía, nombre, cargo y clave de inscripción en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública y tratándose de personal operativo, este deberá cumplir con los requisitos necesarios para obtener su credencial de portación de armas de fuego, la cual será otorgada, por parte de la Institución competente, tal credencial de portación contendrán insertada la autorización para la portación de arma de fuego expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS
DE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO  I
DE LA FORMACIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS ELEMENTOS
DE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO 55.- La profesionalización de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública, tendrá por objeto desarrollar de manera integral sus aptitudes físicas e intelectuales a fin de que permitan la prestación eficaz del servicio que se les encomiende, así como para estar en condiciones de ampliar la capacidad de respuesta adecuada a los requerimientos de la sociedad.
Las corporaciones de seguridad pública del Estado y Municipios se sujetarán a los planes, programas y anexos que en materia de profesionalización se implementen a través de los mecanismos respectivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

ARTÍCULO 56.- Los aspirantes a ingresar a las corporaciones de seguridad pública del Estado y Municipios, con excepción de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, deberán cumplir los siguientes requisitos:

I.- 		Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos;

II.- 		Tener como mínimo 21 años de edad;

III.- 	Acreditar haber terminado estudios de educación media superior;

IV.- 	Ser egresado de la Academia Estatal de Policía, de similares de otras entidades federativas;

V.- 		No tener antecedentes penales; y

VI.- 	Aprobar las evaluaciones establecidas por el Centro Estatal de Control de Confianza; 

ARTÍCULO 57.- El procedimiento de selección para ingresar a las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado y Municipios tendrá carácter estrictamente confidencial y el contenido del expediente que se forme por cada uno de los aspirantes quedará bajo resguardo del Centro Estatal de Control de Confianza.

ARTÍCULO 58.- Las corporaciones de Seguridad Pública promoverán y brindarán facilidades para que los policías en activo regularicen su situación con respecto a los niveles mínimos de educación preparatoria que exige esta Ley.

ARTÍCULO 59.- La actuación de los elementos de las corporaciones de seguridad pública se sujetará a los deberes siguientes:

I.- 		Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;

II.- 		Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;

III.- 	Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo;

IV.- 	Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al tener conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;

V.- 		Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico, realicen los individuos;

VI.- 	Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción;

VII.- 	Abstenerse de realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;

VIII.-	Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se ponen a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente;

IX.- 	Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

X.- 		Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus obligaciones, siempre y cuando sean conforme a derecho;

XI.- 	Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de sus funciones conozcan, con las excepciones que determinen las Leyes;

XII.- 	Asistir a colegios, escuelas y centros de capacitación con objeto de adquirir el adiestramiento que fomente su superación académica;

XIII.- Cumplir con sus funciones debidamente uniformados cuando así lo exija la corporación y, sin excepción, portar siempre su insignia, credencial o placa de identificación;

XIV.-	Depositar las armas y radios de comunicación a su cargo, una vez que haya terminado el tiempo del ejercicio de funciones o el horario, misión o comisión determinados, de acuerdo con los ordenamientos de la corporación; y

XV.- 	Las demás que señalen esta Ley y otras disposiciones aplicables.

	CAPÍTULO  II
	DE LA ACADEMIA ESTATAL DE POLICÍA

ARTÍCULO 60.- La Academia Estatal de Policía tendrá a su cargo la preparación profesional de los aspirantes a ingresar a las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales, así como la actualización y adiestramiento del personal en servicio y la capacitación de maestros e investigadores de la materia.

ARTÍCULO 61- La Academia impartirá gratuitamente cursos básicos, de actualización y de promoción para el mejoramiento profesional de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública.

ARTÍCULO 62.- La Academia Estatal de Policía será dirigida por un Director el cual tendrá a cargo la organización y atribuciones que le señale su Reglamento.

Para ser Director de la Academia se requiere:

I.- 	Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.- 	Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia revocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

III.- 	Haber concluido estudios superiores o grado en corporaciones policiales o de las fuerzas militares;

IV.-  	Haber cumplido con el servicio militar nacional;

V.- 	Presentar examen de salud y antidoping de una institución  pública de salud;

VI.- 	Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;  

VII.- 	Contar con los requisitos del perfil físico medico y de personalidad que la corporación requiera; 

VIII.- 	Tener 30 años cumplidos el día de la designación; y

IX.- 	Las demás que determinen las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 63.- El Director de la Academia, será designado y removido libremente por el Gobernador del Estado, y de preferencia deberá ser profesional en cualquiera de las materias que se impartan en la Academia de Policía.

ARTÍCULO 64.- El Director de la Academia tendrá las siguientes atribuciones:

I.-	Presentar al Secretario los proyectos y avances de planes y programas, informes y estados financieros de la Academia, y los informes que específicamente se soliciten.

II.-	Administrar y custodiar los bienes asignados a la Academia, dirigiendo además técnica y administrativamente la operación de la misma.

III.-	Realizar las actividades necesarias para la consecución de los objetivos de la Academia.

IV.-	Nombrar, y en su caso, remover a los funcionarios y al personal técnico y administrativo de Academia.

V.-	Seleccionar dentro del personal técnico de la Academia al que integrará el Consejo Técnico Consultivo.

VI.-	Presidir el Consejo Técnico Consultivo.

VII.-	Aplicar sanciones y medidas disciplinarias al personal y alumnado de la Academia que infrinja el Reglamento interior.

VIII.-	Aprobar en el orden pedagógico, el desarrollo de planes y programas de estudios básicos de capacitación, especialización y de promoción.

IX.-	Las demás facultades o atribuciones para el buen funcionamiento de la institución que le señale el Secretario.

ARTÍCULO 65.- El Director de la Academia contará con el auxilio de un Consejo Técnico Consultivo que presidirá, integrado por tres miembros que designe el propio Director entre el personal técnico que forma parte de la Academia.

ARTÍCULO 66.- El Consejo Técnico Consultivo tendrá las facultades siguientes:

I.-	Asesorar al Director en asuntos de carácter académico y técnico;

II.-	Proponer al Director la adopción de medidas de orden general, tendientes al mejoramiento administrativo y operacional de la Academia;

III.-	Proponer los programas de enseñanza de la Academia, y  aprobar los programas de actividades Académicas; y

IV.-	Las demás que le confiera el reglamento interior o el Director.

ARTÍCULO 67.- Los alumnos que ingresen a la Academia de policía, deberán reunir los requisitos que se fijarán en la convocatoria respectiva y aprobar las evaluaciones del Centro Estatal de Control de Confianza.

TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO I
POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA

ARTÍCULO 68.- La Secretaría Contará con una Policía Estatal Preventiva, la que estará al mando de un Comisario General, esta corporación será la encargada de garantizar, mantener y reestablecer la paz y el orden público en la entidad, así como la de obtener, analizar y procesar información para la prevención del delito, de igual forma participa en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y persecución de delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento o producto de un delito, en aquellos casos en que sea formalmente requerida, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables.

ARTÍCULO 69.-  La policía estatal preventiva ejercerá las atribuciones que establece esta Ley en todo el Estado, con estricto respeto a las que corresponden  a las competencias de las corporaciones de seguridad  pública municipales y de la propia Procuraduría General de Justicia en el Estado.
Para el mejor ejercicio de sus atribuciones, la policía estatal preventiva, por conducto del secretario de seguridad pública, podrá suscribir convenios de colaboración con las autoridades que conforman el Sistema Estatal de Seguridad Pública, que permitan preservar el orden y respeto dentro de la sociedad.

ARTÍCULO 70.- La Secretaría establecerá los mecanismos administrativos y de control, aplicables a las funciones y actividades de la policía, principalmente de aquellas que requieran realizarse con riesgo o urgencia.

ARTÍCULO 71.- La Secretaría, a través de la Policía Estatal Preventiva, contará con las siguientes áreas bajo el mando de un Comisario General:

a) 	Unidad Estatal de Inteligencia Policial; 

b) 	Unidad de Fuerzas Estatales de Apoyo; y

c) 	Unidad de Reacción Inmediata.  

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMISARIO GENERAL

ARTÍCULO 72.- El Comisario General de la Policía Estatal Preventiva deberá cumplir con los requisitos y tendrá las atribuciones siguientes:

A)  Requisitos:

I.- 	Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.- 	Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia revocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

III.- 	Haber concluido estudios superiores o grado en corporaciones policiales o de las fuerzas militares;

IV.- 	Contar con 30 años de edad el día de su designación y el perfil físico medico y de personalidad que la corporación requiera;

V.- 	Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; 

VI.- 	No estar suspendido o inhabilitado o haber sido destituido por resolución firme como servidor público;

VII.- 	Presentar examen de antidoping de una institución  pública de salud;

VIII.- Haber cumplido con el servicio militar nacional; y

IX.- 	Las demás que determinen las disposiciones aplicables.

B)  Atribuciones:

I.- 	Ejecutar las instrucciones del Secretario de Seguridad Pública del Estado;

II.- 	Coordinar en acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública del Estado las acciones de la Unidad Estatal de Inteligencia Policial, Unidad de Fuerzas Estatales de Apoyo y Unidad de Reacción inmediata; 

III.-	Establecer fuerzas de coordinación de seguridad pública federal, estatal y municipal

IV.- 	Supervisar la actuación de las áreas que conforman a la Policía Estatal Preventiva;

V.-	Recabar y elaborar informes de las actuaciones de las unidades; y

VI.- 	Las demás que le señalen las leyes aplicables en la entidad.

 CAPITULO III
DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA

ARTÍCULO 73.- Con la finalidad de crear corporaciones de seguridad pública con personal confiable y altamente calificado, la Secretaría contara con un Centro Estatal de Control de Confianza, que tendrá como función primordial llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección de aspirantes a ingresar a las corporaciones de seguridad pública, así como evaluar al personal en activo de dichas corporaciones, a través de exámenes psicométricos, toxicológicos, de entorno social, situación patrimonial y de poligrafía. 

ARTÍCULO 74.- El Centro Estatal de Control de Confianza, estará conformado por las siguientes áreas:

I.-   	Dirección;
 
II.-  	Criminológica;

III.- 	Química;

IV.- 	Psicológica;

V.-  	Médica; y

VI.- 	Trabajo Social.

Para ser Director del Centro se requiere:

I.- 	Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.- 	Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia revocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

III.- 	Haber concluido estudios superiores o grado en corporaciones policiales o de las fuerzas militares;

IV.-  	Haber cumplido con el servicio militar nacional;

V.- 	Presentar examen de salud y antidoping de una institución  pública de salud;

VI.- 	Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;  

VII.-	Contar con los requisitos del perfil físico medico y de personalidad que la corporación requiera; 

VIII.-	Tener 30 años cumplidos el día de la designación; y

IX.- 	Las demás que determinen las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO IV
UNIDAD ESTATAL DE INTELIGENCIA POLICIAL

ARTÍCULO 75.- La Secretaría contará con una Unidad Estatal de Inteligencia Policial, la que se  encargará de coordinar y ejecutar los métodos de información que permita identificar a personas, grupos, zonas prioritarias y modos de operación, vinculados con los diversos delitos a fin de prevenir y combatir la comisión de los mismos; así como la de coordinar y realizar acciones específicas que aseguren la información y explotación de la inteligencia para ubicar, identificar, disuadir, prevenir y combatir la comisión de los diversos delitos.

ARTÍCULO 76.- La Unidad Estatal de Inteligencia Policial, estará conformada de la siguiente manera:

I.-   	Un Subcomisario; y

II.- 	Oficiales de la Policía Estatal Preventiva.

ARTÍCULO 77.- Las funciones de la Unidad Estatal de Inteligencia Policial serán las siguientes:

I.- 	Operar tareas de inteligencia criminal como parte del sistema de seguridad estatal que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, a dar sustento a la gobernabilidad y a fortalecer el Estado de Derecho;

II.- 	Procesar la información que generen sus operaciones, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del Estado;

III.- 	Preparar estudios de carácter delincuencial, conformación de bases de datos criminales  y demás que se relacionen con sus atribuciones, así como aquellos que sean necesarios para alertar sobre los riesgos y amenazas a la Seguridad Estatal;

IV.- 	Elaborar la Agenda Estatal de Riesgos;
V.- 	Proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el Estado, las instituciones publicas, la seguridad o el Estado de Derecho;

VI.- 	Establecer cooperación interinstitucional con las diversas dependencias del Estado, de  la Administración Pública Federal en el Estado, autoridades federales de las entidades federativas y municipales, en estricto apego a sus respectivos ámbitos de competencia con la finalidad de coadyuvar en la lucha contra la delincuencia y en beneficio de la seguridad;

VII.- 	Adquirir, administrar e implementar tecnología especializada para la investigación y difusión confiable de  la información para la buena y oportuna toma de decisiones de las autoridades, federales, estatales y municipales, así como para la protección de la información que se  posea;

IX.- 	Operar la tecnología de comunicaciones especializadas, en cumplimiento de las atribuciones que tiene encomendadas; y

X.- 	Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 78.- EL Subcomisario tendrá las siguientes funciones:

I.-	Ejecutar las funciones conferidas por ésta Ley, a la Unidad Estatal de Inteligencia Policial;

II.-	Rendir informe de las actividades y resultados generados, por la Unidad Estatal de Inteligencia Policial al Secretario de Seguridad Pública, y al Comisario General;

III.-	Representar a la Unidad Estatal de Inteligencia Policial; y

IV.-	Las demás que conforme a la Ley le encomiende el Secretario de Seguridad Pública, en el ejercicio de sus funciones.

CAPITULO V
UNIDAD DE FUERZAS ESTATALES DE APOYO

ARTÍCULO 79.- La Unidad de Fuerzas Estatales de Apoyo, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, será la encargada de coordinar al personal de su área para prevenir la comisión de delitos, así como la de garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos, del Estado o de los municipios que lo soliciten, en la protección de la seguridad de las personas y su patrimonio, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazados por disturbios u otras que impliquen violencia o riesgo inminente.

ARTÍCULO 80.- La Unidad de Fuerzas Estatales de Apoyo, estará integrado por:

I.-  	Subcomisario; y

II.- 	Oficiales

ARTÍCULO 81.- Las funciones de la Unidad de las Fuerzas Estatales de Apoyo, serán las siguientes:

I.- 	Con autorización del Secretario de Seguridad Pública y bajo la supervisión del Comisario General responderán y aplicarán estrategias de prevención del delito y combate a la delincuencia entablando coordinación interinstitucional e intercambio de información con la ciudadanía organizada en comités de consulta y participación en materia de seguridad pública;

II.- 	En los términos de la fracción anterior apoyaran a las instancias local y federal de procuración de justicia, así como a los órganos jurisdiccionales federal y estatal en la ejecución de operativos destinados al cumplimiento de mandamientos ministeriales y judiciales;

III.- 	Establecerán coordinación con los sistemas federal, estatal y municipal de protección civil sumándose a tareas de difusión de información para prevenir riesgos por causas o siniestros naturales, acciones de evacuación de áreas o zonas de alto riesgo, así como a la vigilancia de áreas evacuadas hasta el pleno restablecimiento de condiciones de seguridad; y

IV.- 	Las demás que conforme a la Ley le encomiende el Secretario de Seguridad Pública, en el ejercicio de sus funciones.
   
ARTÍCULO 82.- EL Subcomisario tendrá las funciones que le designe el Secretario de Seguridad Pública y el Comisario General de la Policía Estatal Preventiva, este último con autorización del primero, coordinando la elaboración de informes policiales dirigidos a la Unidad Estatal de Inteligencia Policial, puestas a disposición ante el ministerio público de ciudadanos detenidos en flagrante delito.

CAPITULO VI
UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA

ARTÍCULO 83.-  La Secretaría, a través de la Unidad de Reacción Inmediata, será la encargada de prevenir los delitos considerados de alto impacto que, por su propia naturaleza requieran una intervención inmediata, sorpresiva, la cual será por personal altamente calificado para la desarticulación de posibles redes delictivas, el cual se constituye para ejercer una misión específica no permanente. 

ARTÍCULO 84.- La Unidad de Reacción Inmediata, esta integrada por:

I.- 	Un Subcomisario; y

II.- 	Oficiales.

ARTÍCULO 85.- Las funciones de la Unidad de Reacción Inmediata serán las siguientes:

I.-		Las que designe el Secretario de Seguridad Pública y el Comisario General de la Policía Estatal Preventiva, este último con autorización del primero, en acciones que aprovechen al máximo la capacitación en técnicas y tácticas policiales de la unidad en mención para enfrentar cualquier manifestación de la delincuencia en sus grados más complejos, postulando durante el desarrollo de sus acciones medidas que eviten en la mayor forma posible el riesgo para la sociedad;

II.-	Con autorización del Secretario de Seguridad Pública y bajo la supervisión del Comisario General apoyarán a las instancias local y federal de procuración de justicia a solicitud de estas, e igualmente a los órganos jurisdiccionales federal y estatal en la ejecución de operativos destinados al cumplimiento de mandamientos ministeriales y judiciales; y

III.-	Mantener el espíritu de cuerpo, la disciplina, la actualización y el constante adiestramiento para cumplir de manera eficiente y profesional sus obligaciones.

ARTÍCULO 86.- EL Subcomisario tendrá las siguientes funciones:

I.-	Ejecutar las funciones conferidas por ésta Ley, a la Unidad de Reacción Inmediata;

II.-	Dirigir y coordinar a los oficiales para el buen desempeño de sus funciones que han sido conferidas; 

III.-	Rendir informe de las actividades y resultados generados, por la Unidad de Reacción Inmediata al Secretario de Seguridad Pública, y al Comisario General;

IV.-	Representar a la Unidad de Reacción Inmediata; y

V.-	Las demás que conforme a la Ley le encomiende el Secretario de Seguridad Pública, en el ejercicio de sus funciones.

Para ser Subcomisario de las Unidades de Inteligencia Policial, Fuerzas Estatales de Apoyo y de Reacción Inmediata se requiere:

I.- 	Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.- 	Tener 30 años cumplidos el día de la designación;

III.- 	Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia revocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

IV.- 	Tener grado de licenciatura o su equivalente o grado en corporaciones policiales o de las fuerzas militares;

V.- 	Comprobar una experiencia mínima de 5 años en labores vinculados con la seguridad pública;

VI.- 	No estar suspendido o inhabilitado o haber sido destituido por resolución firme como servidor público.

VII.- 	Haber cumplido con el servicio militar nacional,

VIII.- 	Presentar examen de salud y antidoping de una institución  pública de salud;

IX.- 	Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;  

X.- 	Contar con los requisitos del perfil físico medico y de personalidad que la corporación requiera, y

XI.- 	Las demás que determinen las disposiciones aplicables.

TITULO NOVENO

CAPITULO ÚNICO
DE LOS ESTÍMULOS Y ASCENSOS

ARTÍCULO 87.- Los integrantes de las corporaciones de seguridad pública, tendrán derecho a obtener ascensos, los que se otorgarán previa autorización de la Comisión de Honor y Justicia a que se refiere esta Ley y conforme a los reglamentos respectivos.
ARTÍCULO 88.- Los estímulos y ascensos para el personal de las corporaciones de seguridad pública constituyen medios para fomentar y arraigar la lealtad, la honradez, el esfuerzo de superación constante y el espíritu de servicio, y consistirán en condecoraciones al valor policial, a la perseverancia y al mérito. En cada caso, además, se otorgará un estímulo económico adicional, en los términos que fije la Comisión de Honor y Justicia.

ARTÍCULO 89.- Todo el personal perteneciente a las corporaciones de seguridad pública deberán aprobar satisfactoriamente los procedimientos relativos al reclutamiento, selección de aspirantes, ingreso, formación continua y especializada, desarrollo y promoción con la finalidad de que el personal de las corporaciones de seguridad pública cuenten con el perfil adecuado, espíritu de servicio y de esta forma se apeguen a los principios básicos bajo los cuales se debe regir todo servidor público a saber, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y disciplina.

TÍTULO DÉCIMO
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO  I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 90.- La disciplina de los elementos de las corporaciones de seguridad pública se regirá por las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos aplicables.

ARTÍCULO 91.- Las autoridades que tengan a su mando las corporaciones de seguridad pública, en la aplicación de las sanciones y correctivos disciplinarios deberán acatar las disposiciones de esta Ley y reglamentos aplicables, conforme a las facultades que se les otorguen, atendiendo a su rango jerárquico, previo el procedimiento que dictamine la Comisión de Honor y Justicia.

ARTÍCULO 92.- La calificación sobre la gravedad de la infracción cometida, queda al dictamen de la Comisión de Honor y Justicia previo procedimiento aplicable y previsto en el reglamento de cada una de las instituciones de seguridad pública, quien, para motivar su resolución deberá tomar en consideración como mínimo los siguientes elementos y circunstancias:

I.- 	La conveniencia de erradicar de la corporación conductas que afecten a la ciudadanía;

II.- 	Cuidar que se mantenga el respeto, la buena imagen y el prestigio de la corporación;

III.- 	El nivel jerárquico y los antecedentes;

IV.- 	La antigüedad en el servicio policial;

V.- 	Las circunstancias de tiempo y medios de ejecución de la falta cometida;

VI.- 	La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones; y

VII.- 	Las circunstancias socioeconómicas del elemento policial.

ARTÍCULO 93.- Contra los acuerdos mediante los cuales la Comisión de Honor y Justicia impongan las sanciones que se refieren en el presente título, con excepción de la amonestación, el elemento sancionado podrá interponer por escrito el recurso de inconformidad, ante la Comisión de Honor y Justicia, conforme los procedimientos de las Leyes y Reglamentos aplicables.

ARTÍCULO 94.- Las conductas u omisiones de los elementos de las corporaciones de seguridad pública no sancionadas en esta Ley, pero previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se sujetarán a lo establecido en dicho ordenamiento.
	CAPÍTULO II
	DE LOS CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS

ARTÍCULO 95.- Los correctivos disciplinarios son las sanciones a las que se hacen acreedores los elementos de las corporaciones de seguridad pública que cometan alguna falta a los principios de actuación previstos en esta Ley o a las normas disciplinarias que cada uno de los cuerpos de seguridad pública establezcan y que no ameriten la destitución del cargo.

ARTÍCULO 96.- En atención a la gravedad de la falta, se aplicarán los siguientes correctivos disciplinarios:

I.-  	Amonestación;

II.- 	Arresto hasta de treinta y seis horas; 

III.- 	Cambio de adscripción;

IV.-	Suspensión Temporal sin goce de sueldo; y

V.- 	Destitución.

ARTÍCULO 97.- La amonestación es la medida correctiva por la cual el superior advierte al subalterno la omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes, invitándolo a corregirse. La amonestación será de palabra y constará por escrito, tal escrito se integrará al expediente del elemento a quien se le aplique la medida correctiva.

El elemento amonestado  tendrá la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga, haciéndolo constar por escrito, de tal escrito se anexara una copia a su expediente, el cual quedará como antecedente para los efectos a que haya lugar.

ARTÍCULO 98.- El arresto es la reclusión que sufre un subalterno por haber incurrido en faltas considerables o por haber acumulado tres amonestaciones en un año de calendario. En todo caso, la orden de arresto deberá hacerse por escrito, especificando el motivo y duración del mismo, que no podrá exceder de 36 horas.

ARTÍCULO 99.- El cambio de adscripción se decretará cuando el comportamiento del elemento infractor afecte la disciplina y buena marcha del grupo al que esté adscrito, o bien, sea necesario para mantener una buena relación e imagen de la corporación ante la comunidad.

ARTÍCULO 100.- Los superiores jerárquicos informarán a la Comisión de Honor y Justicia sobre los correctivos disciplinarios que impongan, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su aplicación, exponiendo las causas que los motivaron.

ARTÍCULO 101.- El recurso de inconformidad no suspenderá los efectos del arresto, pero tendrá por objeto que dicho correctivo no aparezca en el expediente u hoja de servicio del elemento, sin perjuicio de las sanciones que resuelvan aplicar la Comisión de Honor y Justicia al superior jerárquico que lo impuso injustificadamente.

ARTÍCULO 102.- La resolución que declare improcedente un cambio de adscripción, tendrá por objeto dejar sin efecto la medida correctiva para reincorporar al elemento en la adscripción anterior.

No procederá el recurso de inconformidad contra un cambio de adscripción decretado en razón de las necesidades del servicio y que no tenga el carácter de sanción.

CAPÍTULO  III
DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL

ARTÍCULO 103.- La suspensión temporal de las funciones se determinará y la impondrá  la  Comisión de Honor y Justicia, pudiendo ser de carácter preventivo o correctivo, atendiendo a las causas que la motiven. 

ARTÍCULO 104.- La suspensión temporal de carácter preventivo procederá en contra de aquellos elementos por su presunta responsabilidad derivada de actos u omisiones que motiven ser sujetos a investigación administrativa por parte de los órganos de control interno o sujetos a una averiguación previa, ante la autoridad competente, y cuya permanencia en el servicio pudiera afectar a la corporación o a la comunidad en general.

La suspensión subsistirá en tanto el asunto del  que se trate no esté total y definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento correspondiente.

En caso de que el elemento resulte declarado sin responsabilidad, se le reintegrarán los salarios y prestaciones que hubiere dejado de percibir hasta ese momento, con motivo de la suspensión.

ARTÍCULO 105.- La suspensión temporal de carácter correctivo procederá contra el elemento que en forma reiterada o particularmente indisciplinada haya incurrido en faltas cuya naturaleza no ameriten la destitución.

La suspensión a la que se refiere este artículo no podrá exceder de treinta días naturales.

CAPÍTULO IV
	DE LA DESTITUCIÓN

ARTÍCULO 106.- Los elementos de las corporaciones de seguridad pública del Estado y Municipios podrán ser destituidos en los términos que señalen las disposiciones legales aplicables y en su caso, por las siguientes causas:

I.- 		Faltar a sus labores por más de tres ocasiones en un período de treinta días naturales sin permiso o causa justificada;

II.- 		La sentencia condenatoria por delito intencional que haya causado ejecutoria;

III.- 	Por falta grave a los principios de actuación previstos en la presente Ley y a las normas de disciplina que se establezcan en la corporación de seguridad pública a que pertenezca;

IV.- 	Por incurrir en faltas de probidad y honradez durante el servicio;

V.- 		Por portar el arma de cargo fuera de servicio;

VI.- 	Por poner en peligro a particulares a causa de su imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio;

VII.- 	Por asistir a sus labores en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo, así como también por resultar positivo en los exámenes toxicológicos determinados para la integración y permanencia conforme las reglas aplicables;

VIII.- 	Por desacato injustificado a las órdenes de sus superiores;

IX.- 	Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento;

X.-  	Por presentar documentación alterada;

XI.- 	Por aplicar a sus subalternos en forma dolosa o reiterada correctivos disciplinarios notoriamente injustificados; y

XII.- 	Por obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro tipo de dádivas, a cambio de permitirles el goce de las prestaciones a que todo policía tiene derecho.

ARTÍCULO 107.- El cambio de los mandos no constituirá una causa para destituir a un elemento de las corporaciones de seguridad pública.

ARTÍCULO 108.- Los servidores públicos que tengan a su mando las corporaciones de seguridad pública elaborarán un registro de los elementos que hayan sido destituidos, especificando, además, la causa de la destitución; y harán llegar dicha información a la Secretaría, para los efectos de lo ordenado en el artículo 42 de esta Ley.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA COMISIÓN  DE HONOR  Y JUSTICIA

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 109.- Se constituirán las Comisiones de Honor y Justicia en cada una de las corporaciones de seguridad pública, que en sus respectivas jurisdicciones recomendaran los ascensos, estímulos y reconocimientos, así como vigilar la correcta aplicación de las sanciones, a las que se hagan acreedores los integrantes de dichas corporaciones con motivo del ejercicio de sus funciones.

De igual manera y a instancia de la parte interesada, conocerán de los recursos de revisión contra la aplicación de las sanciones que les hayan sido impuestas con motivo del desempeño de su servicio.

ARTÍCULO 110.- La Comisión de Honor y Justicia que conocerá de los asuntos relativos a las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública estará integrada de la siguiente manera:

I.- 		Por un presidente, que será el Secretario de Seguridad Pública del Estado;

II.- 		Por un Secretario, que será el  titular de la corporación de que se trate Estatal y/o Municipal;

III.- 	Por dos vocales, quienes serán el Comandante General y un Subcomandante de la corporación de seguridad pública en cuestión;

IV.- 	Por dos regidores de las comisiones de seguridad pública y de derechos humano, únicamente cuando se trate de asuntos relativos a elementos de corporaciones municipales;

V.- 	Para el caso de la Comisión Estatal, por dos Diputados del Congreso del Estado;

VI.- 	Un integrante del Consejo de Consulta de Participación Ciudadana Estatal y Municipal; y 

VII.- 	Por cada uno de los consejeros propietarios, se designará un suplente.

ARTÍCULO 111.- Las Comisiones de Honor y Justicia funcionarán conforme lo establezcan los reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 112.- Los estímulos y reconocimientos que otorguen las comisiones de honor y justicia serán los mencionados en esta Ley.

TÍTULO  DÉCIMO  SEGUNDO
DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO  I
DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
(CENTROS DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO)

ARTÍCULO 113.- Para la atención de los reportes de información, emergencias, faltas y delitos que los ciudadanos deseen hacer del conocimiento de la autoridad, se establecerá un servicio de comunicación, denominado Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4), el cual tendrá acceso inmediato con las instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.

Con el mismo propósito señalado en el párrafo anterior, se instalarán en puntos estratégicos de las poblaciones del Estado, módulos denominados de seguridad, información y quejas que, además, brindarán servicios de seguridad y protección física y patrimonial a los habitantes.

ARTÍCULO 114.- El Gobierno del Estado y los Municipios acordarán, a través de los convenios de coordinación respectivos, la forma y términos en los que operará el servicio de comunicación y los módulos a los  que  se refiere el artículo anterior. En estos convenios de coordinación  se considerará también el establecimiento de un servicio para la localización de personas y bienes.

	CAPÍTULO  II
	DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARTÍCULO 115.- En el marco de las instancias de coordinación de Seguridad Pública se promoverá la participación de la sociedad con los siguientes fines:

I.- 		Conocer y opinar sobre políticas de seguridad pública;

II.- 		Sugerir medidas específicas y acciones concretas para mejorar esta función;

III.- 	Realizar labores de seguimiento en relación al cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad pública;

IV.- 	Proponer el otorgamiento de reconocimientos por méritos o estímulos para los integrantes de las instituciones y corporaciones de seguridad pública; proponer criterios y políticas para la capacitación, formación, actualización y especialización del personal policial;

V.-  	Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades en la actuación de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública; y

VI.- 	Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño de la función de seguridad pública.

ARTÍCULO 116.- Para alcanzar los fines de la participación ciudadana a la que refiere el artículo anterior, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y los Consejos Municipales promoverán la instalación de Consejos de Consulta y Participación Ciudadana que estarán vinculados con cada una de las corporaciones de seguridad pública del Estado y del Municipio respectivo.

CAPÍTULO  III
DE LOS CONSEJOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARTÍCULO 117.- Los Consejos de  Consulta y Participación Ciudadana, estatal y municipales son órganos externos de asesoría y opinión que tienen como finalidad coadyuvar con la Comisión de Honor y Justicia, en el correcto funcionamiento de las instituciones y corporaciones de seguridad pública. 
Los consejeros estatales serán designados y removidos libremente por el Gobernador del Estado. De entre estos, los miembros elegirán a un Presidente quien presidirá las deliberaciones del Consejo.
Los consejeros municipales serán designados y removidos libremente por el Presidente Municipal que corresponda. De entre estos, los miembros elegirán a un Presidente quien presidirá las deliberaciones del Consejo.
ARTÍCULO 118.- Los Consejos se integrarán de la siguiente manera:

A).-  El Consejo Estatal:

I.-	Dos  Consejeros Ciudadanos por cada municipio, de los cuales uno fungirá como presidente; 

II.-	Nueve Consejeros Gubernamentales representados por:  

a)	El Gobernador del Estado;

b)	El Secretario General de Gobierno;

c)	El Secretario de Seguridad Pública;

d)	El Procurador General de Justicia en el Estado;

e)	El Director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz;

f)	El Director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de  Comondú;

g)	El Director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Mulegé;

h)	El Director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos; y

i)	El Director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Loreto.

III.- 	Un Secretario Técnico, representado por el Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Baja California Sur; y

IV.- 	Dos Diputados del Congreso del Estado.

B).-  Los Consejos Municipales:

I.- 	Dos  Consejeros Ciudadanos de los cuales uno fungirá como Presidente; 

II.- 	Siete Consejeros Gubernamentales representados por:  

                A)  El Presidente Municipal;

B)  El Secretario de Seguridad Pública;

C)  Un representante de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado;

D)  Un representante de la Policía Federal Preventiva de la región que comprende el Estado;

E)  El Procurador General de Justicia del Estado;

F)  El Director de la Policía Ministerial del Estado;

g)  El coordinador Municipal de Protección Civil; 

III.- 	Un Secretario Técnico, representado por el Director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal; 

IV.- 	Un Secretario Técnico, representado por el Director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal; y

V.- 	Un Diputado del Congreso del Estado.

ARTÍCULO 119.- Para ser Consejero Ciudadano deberán  cumplirse los siguientes requisitos: 

I.- 	Ser ciudadano mexicano por nacimiento sin tener otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.-	Tener treinta  años cumplidos el día de la designación;

III.-	Tener residencia en el Estado de Baja California Sur, durante los últimos cinco años.

IV.-	Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

V.-	No estar en servicio activo en el ejército o en la armada de México ni tener mando en ningún cuerpo policiaco;

VI.-	No tener filiación partidaria;

VII.-	No ejercer ningún cargo público o de elección popular; 

VIII.-	No ser servidor público federal, estatal o municipal, 

IX.-	No haber sido suspendido, destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables; y 

X.-	No ser ministro de ningún culto religioso; y

XI.-	Ser propuesto por asociaciones, organismos no gubernamentales, empresariales, agrupaciones profesionales, constituidas y registradas conforme a las Leyes respectivas o instituciones de educación superior.

ARTÍCULO 120.- El nombramiento como miembro del Consejo será de carácter honorario, y por lo tanto, no recibirán  remuneración alguna por su desempeño.

ARTÍCULO 121.- El Gobernador del Estado elegirá por insaculación a los consejeros ciudadano, con excepción del Presidente, conforme al procedimiento que se señale en el Reglamento de esta Ley. Dicha insaculación se realizará ante la presencia de los integrantes de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado.

ARTÍCULO 122.- El Titular del Poder Ejecutivo, para la designación de los Consejeros ciudadanos, hará la convocatoria pública en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en el diario de mayor circulación estatal, dentro de los primeros 15 días naturales del mes de julio del año correspondiente, a efecto de que las asociaciones, organismos no gubernamentales, empresariales y agrupaciones profesionales presenten por escrito sus propuestas y acrediten los requisitos.
El plazo para la presentación de la propuesta será de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que se lance la convocatoria.

ARTÍCULO 123.-  El Consejo deberá de instalarse con la totalidad de los consejeros, dentro de los diez días naturales siguientes a la elección  de los consejeros ciudadanos. El Ejecutivo del Estado a través del Secretario de Seguridad Pública convocara a los consejeros al acto de instalación.  

ARTÍCULO 124.-  Los Consejeros ciudadanos serán elegidos por un periodo de tres años  y no podrán ser reelectos para un periodo inmediato posterior.

El Secretario Técnico en ningún caso podrá permanecer más de seis años en el cargo para el cual fue nombrado.

El Consejero Presidente  será electo de entre los Consejeros ciudadanos. Con la aprobación de las dos terceras partes de estos, a más tardar el día de la instalación del consejo.

Los consejeros ciudadanos salientes seguirán en su cargo, hasta en tanto inicien sus funciones los consejeros ciudadanos entrantes.

CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LOS
INTEGRANTES DEL CONSEJO

ARTÍCULO 125.- Son obligaciones y facultades del Consejero Presidente, las siguientes:
I.	Convocar a sesiones del Consejo;

II.	Presidir y coordinar las sesiones del Consejo, así como firmar las actas y minutas que correspondan;

III.	Promover y supervisar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo ;

IV.	Elaborar y publicar los informes periódicos de las actividades del Consejo;

V.	Representar al Consejo ante las diferentes instancias de Gobierno y Organismos No Gubernamentales;

VI.	Las correspondientes a los consejeros ciudadanos; y

VII.	Las demás que le confiera la presente Ley y su reglamento respectivo.

ARTÍCULO 126.- Serán obligaciones y facultades de los Consejeros Ciudadanos, las siguientes:

I.	Asistir a las sesiones del Consejo;
II.	Participar en las sesiones, proponer acuerdos y votar aquellos que sean sujetos de consideración;
III.	Firmar las minutas correspondientes a cada sesión;
IV.	Participar en la elaboración del programa anual de trabajo del Consejo;
V.	Integrarse a comisiones especificas de trabajo;
VI.	Solicitar informes a las comisiones especificas de trabajo;
VII.	Cumplir los acuerdos y compromisos que se adquieran en el Pleno del Consejo, o en su caso vigilar su cumplimiento;
VIII.	Rendir informe al término de sus funciones; 
IX.	Recibir informes trimestrales sobre la operación de la Secretaría que someta a su consideración el secretario y hacer las recomendaciones pertinentes; 
X.	Formular opinión con relación a la orientación y aplicación de la política criminal que implemente la Secretaría, realizando las propuestas que en derecho procedan;
XI.	Impulsar la participación ciudadana en las tareas de prevención para evitar conductas que alteren el ambiente social;
XII.	Promover el reforzamiento de los valores cívicos, el respeto a la legalidad, procurando evitar la violencia y la desintegración familiar;
XIII.	Promover que la ciudadanía proporcione información idónea para la integración de los bancos de datos tendientes a contar con elementos que sirvan de insumo para la elaboración de las políticas públicas anticriminales;
XIV.	Informar periódicamente a la sociedad sobre los avances de “el consejo” en materia de seguridad pública, en coordinación con la Secretaría;
XV.	Recibir y canalizar denuncias sobre corrupción, negligencia o violaciones de los derechos humanos por parte de elementos de la policía preventiva;
XVI.	Dictar las normas necesarias para la regulación de su organización y funcionamiento interno;
XVII.	Participar de manera conjunta con la Comisión de Honor y Justicia, el proyecto de otorgamiento de reconocimientos, incentivos y estímulos al desempeño destacado a favor de los miembros de las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado y Municipios; y
XVIII.	Las demás que les señalen los ordenamientos jurídicos aplicables.

ARTÍCULO 127.- Las obligaciones y facultades de los Consejeros Gubernamentales, serán las siguientes:

I.	Asistir a las sesiones del Consejo;
II.	Participar en las sesiones, proponer acuerdos, votar aquellos que sean sujetos a consideración, e informar sobre aquellas actividades en las cuales pueda coadyuvar la ciudadanía con las autoridades;
III.	Firmar las minutas correspondientes a cada sesión;
IV.	Participar en la elaboración del programa anual de trabajo del Consejo;
V.	Integrarse a comisiones especificas de trabajo;
VI.	Solicitar informes a las comisiones específicas de trabajo;
VII.	Ejecutar los acuerdos y compromisos que adquieran en el Pleno del Consejo; y
VIII.	Rendir informe al término de sus funciones.

ARTÍCULO 128.- Obligaciones y facultades del Secretario Técnico del Consejo, serán las siguientes:

I.	Preparar el orden del día, levantar las actas y minutas correspondientes, y firmar los acuerdos que sean tomados;
II.	Recabar los informes de las reuniones, acuerdo y órganos del Consejo;
III.	Resguardar el archivo del Consejo, y dar cuenta de la correspondencia recibida y despachada; y
IV.	Las demás que señale esta Ley.

CAPÍTULO V
DE LAS SESIONES, CONVOCATORIA Y ASISTENCIAS
A LAS REUNIONES DEL CONSEJO

ARTÍCULO 129.- El Consejo podrá sesionar de la siguiente forma:

I.	SESIONES ORDINARIAS: Se llevarán a cabo trimestralmente, convocando a la totalidad de los consejeros, pudiendo participar aquellas personas ajenas al Consejo, a quienes se hubiese invitado expresamente, y serán presididas por el Consejero Presidente;
II.	SESIONES EXTRAORDINARIAS.- Se llevará a cabo en cualquier tiempo, cuando por la importancia de los asuntos se requiera, siempre y cuando se cuente con la anuencia de por lo menos un consejero ciudadano y un consejero gubernamental. Se convocará a la totalidad de los consejeros y podrán participar aquellas personas ajenas al Consejo, a quienes se hubiese invitado. Estas sesiones serán presididas por el Consejero Presidente; y 
III.	REUNIÒN DE COMISIONES.- Se llevarán a cabo por lo menos en forma mensual, debiéndose contar con la presencia de los integrantes de la Comisión o Comisiones del Consejo relacionadas con la orden del día a tratar, y en su caso, aquellos invitados a asistir a dichas reuniones de trabajo.

ARTÍCULO 130.- Se considerara reunido el quórum legal para la celebración de las sesiones, cuando estuviese presente  el 50% más uno de los integrantes del Consejo. En caso de no reunirse el quórum legal, se procederá a nueva convocatoria y la sesión se celebrará con los consejeros que asistieren.

ARTÍCULO 131.- El Consejo Estatal de Seguridad Pública y los Consejos Municipales darán amplia difusión de los mecanismos y procedimientos que se establezcan para recibir de la comunidad todas sus opiniones y propuestas respecto de las actividades de seguridad pública en el Estado de Baja California Sur.

ARTÍCULO 132.- La comunidad podrá participar en la instrumentación y ejecución de medidas para la vigilancia y seguridad de la propia población, a través de la organización vecinal, con la aprobación de las autoridades competentes y siempre que ello no ponga en riesgo el buen desempeño de la función de seguridad pública.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RECURSO

CAPÍTULO I
DEL RECURSO

ARTÍCULO 133.- El recurso es el medio en virtud del cual se impugnan los acuerdos y actos administrativos que dictan las autoridades estatales y municipales, que tengan conocimiento directo de los acontecimientos por cuestiones de trabajo, lo anterior con motivo de la presente Ley, reglamentos respectivos, circulares y disposiciones administrativas.

ARTÍCULO 134.- El recurso que se podrá interponer en contra de las autoridades estatales y municipales es el de Inconformidad.

CAPITULO II
DE LA INCONFORMIDAD 
 
ARTÍCULO 135.- En contra de los actos u omisiones de cualquier órgano u autoridad que se encuentre debidamente facultadas para operar el servicio, así como cualquier persona y los elementos de los cuerpos policíacos, podrán presentar su inconformidad ante la Comisión de Honor y Justicia. 

ARTÍCULO 136.- La inconformidad que se interponga no requerirá mayor formalidad que la de ser presentada por escrito, dentro de la cual se indique; el nombre del que se inconforme así como su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, las personas que sean autorizadas para recibirlas, los hechos y razones que motivaron la inconformidad y que se refieran a la operación del servicio.  

ARTÍCULO 137.- La inconformidad deberá ser presentada en un plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se emitió el acto o hechos que dan motivo a la presente inconformidad.

ARTÍCULO 138.-  La Comisión de Honor y de Justicia dará tramite a la inconformidad, solicitando al órgano u autoridad en contra de cuyos actos u omisiones se hubiere formulado la inconformidad, que en un plazo no mayor de 10 días hábiles rindan un informe circunstanciado relativo a la inconformidad presentada, aportando los elementos en virtud de los cuales se justifique su actuación.

Una vez analizado el informe, la autoridad u órgano de que se trate determinara lo conducente y, en su caso, dictara las medidas que estime necesarias para la adecuada operación del servicio y lo comunicara al inconforme dentro de un plazo que no excederá de 15 días hábiles. Dichas resoluciones no tendrán efectos vinculatorios para el inconforme.

ARTÍCULO 139.- La interposición del recurso no suspenderá los efectos de la sanción, pero  tendrá por objeto que esta no aparezca en el expediente u hoja de servicios de los elementos de las corporaciones de seguridad pública, de la misma forma si no resultare responsable, será restituido en el goce de sus derechos.

ARTÍCULO 140.- El presente recurso se resolverá en la sesión de la Comisión de Honor y Justicia, dentro del término de 10 días hábiles y la resolución se agregará al expediente u hoja del servicio correspondiente.

No obstante la autoridad, así como el superior jerárquico, que realice un acto considerado ilegal o que imponga de manera injustificada la suspensión y previa substanciación y resolución del recurso de rectificación ante la Comisión de Honor y Justicia, se hará acreedor a las sanciones que le recaigan.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO
DE LOS REGISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO I
 DEL REGISTRO ESTATAL DEL PERSONAL
QUE INTEGRA  LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTÍCULO 141.- La Secretaría, será la encargada del registro estatal del personal que integran  las corporaciones de seguridad pública,  será la responsable de implementar la aportación  de los datos necesarios al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

ARTÍCULO 142.- Deberán inscribirse en el registro:
I.- Los miembros de las corporaciones de seguridad pública estatal y municipal; y
II.- Los demás que conforme a las disposiciones aplicables requieran ser inscritos.

La información que sea objeto de registro tendrá carácter confidencial y solo tendrán acceso a ella, las autoridades y personas autorizadas por disposiciones de ley.

ARTÍCULO 143.- Para los fines del artículo 26 de la Ley General que Estable las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los municipios del Estado deberán colaborar en la integración  del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
  
ARTÍCULO 144.- El registro de las corporaciones de seguridad  pública, a que se refiere el artículo anterior deberá contar con la calidad establecida en los lineamientos que marca el  Sistema Nacional de Seguridad Publica, siendo como mínimo los siguientes datos:

I.- Los datos generales y media filiación;
II.- Huellas digitales;
III.- Tipo Sanguíneo;
IV.- Fotografía de frente y perfil;
V.- Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público. Así como las razones que lo motivaron;
VI.- Antecedentes laborales;
VII.- Trayectoria en los servicios de seguridad pública;
VIII.- Cursos de formación, capacitación y actualización recibidos; y
IX.- Las  demás que determine el reglamento respectivo.

ARTÍCULO 145.- Las autoridades competentes del Estado y los Municipios, inscribirán y mantendrán actualizados en el registro los datos relativos a todos los integrantes de las corporaciones de seguridad pública, en los términos de esta Ley y disposiciones que de ella se deriven.

CAPÍTULO II
REGISTRO ESTATAL DE ARMAMENTO Y EQUIPO

ARTÍCULO 146.- Las armas de fuego de propiedad o posesión de los Cuerpos de Seguridad Pública en el Estado, se deberán manifestar a la Secretaría de la Defensa Nacional, para su inscripción en el Registro Nacional de Armamento y Equipo, en los términos señalados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Igualmente, las armas a que se refiere este artículo, deberán inscribirse en el Registro Estatal de Armamento y Equipo.

ARTÍCULO 147.- Los cuerpos de seguridad pública, deberán contar con la licencia oficial colectiva que expida la Secretaría de la Defensa Nacional, que autoriza la portación de armas de fuego a los miembros de las mismas, siendo obligación de las autoridades señaladas en esta ley y cuidar que la licencia se mantenga vigente.

ARTÍCULO 148.- Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, solo podrá portar las armas de cargo que hayan sido autorizadas individualmente  o aquellas que se les hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezcan, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

ARTÍCULO 149.- Las armas sólo podrán ser portadas durante el tiempo del ejercicio de funciones, o para un horario, misión o comisión determinados, de acuerdo con los ordenamientos de cada dependencia de seguridad pública.

ARTÍCULO 150.- En el caso de que los elementos de Seguridad Pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al  Registro Nacional  de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes  en los términos de las  disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
ARTÍCULO 151.- Los miembros de los cuerpos de seguridad pública y los elementos operativos de la secretaría; serán los responsables de la custodia y mantenimiento en buen estado del armamento y equipo que se les asigne, para el desempeño de sus funciones.

Las autoridades competentes, deberán verificar el cumplimiento de este dispositivo. 

TITULO DÉCIMO QUINTO
DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR

CAPITULO ÚNICO
DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR

ARTICULO 152.-  La Secretaría llevará un registro del padrón vehicular y podrá aplicar operativos coordinados de verificación para detectar la  entrada y salida de la entidad de los mismos, considerando terminales marítimas, puntos carreteros y urbanos, solicitando el apoyo y colaboración de la sociedad civil, de las Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y de todas las instancias gubernamentales que por su ámbito de competencia puedan involucrarse.

TITULO DÉCIMO SEXTO
DEL COMBATE A LA IMPUNIDAD

CAPITULO ÚNICO
EL COMBATE A LA IMPUNIDAD

ARTICULO 153.-  La Secretaria mediante la utilización de herramientas tecnológicas, implementará procedimientos que lleven a la identificación de personas nacionales y extranjeras con mandamientos ministeriales y judiciales pendientes de ejecución.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Seguridad Pública, deberá expedir su reglamento interior dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Baja California Sur, publicada en el Boletín Oficial  del Gobierno del Estado número 48 con fecha 31 de diciembre de 1976, asimismo se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO.- El personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que para el desempeño de su función tengan el carácter de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Baja California Sur, de Agente del Ministerio Publico, Secretario de Acuerdos del Ministerio Publico, Detective de Investigaciones de la policía Ministerial, Agente de Investigaciones de la Policía Ministerial y Perito, deberán dar cumplimiento a los requerimientos y condiciones previstas en la ley señalada para incorporarse al Servicio Civil de Carrera.

En ningún caso, podrán aplicarse en forma retroactiva normas que afecten su situación administrativa o laboral.

ARTÍCULO QUINTO.- Las unidades o puestos de nueva creación y denominación distinta que aparecen en la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Baja California Sur y que tienen competencia en asuntos que correspondían a otras áreas, se harán cargo de las mismas, determinarán su substanciación y dictarán las resoluciones correspondientes.

ARTÍCULO SEXTO.-  Cuando en la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Baja California Sur, se de una denominación nueva o distinta a una unidad administrativa  y cuyas funciones estén establecidas por otro ordenamiento jurídico, dichas atribuciones se entenderán concedidas a la unidad administrativa que determine esta Ley y demás disposiciones relativas, en tanto no se expidan o reformen los ordenamientos  jurídicos correspondientes.     

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se abroga el decreto expedido por el Ejecutivo del Estado, el día15 de Enero de 1998, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, No.  2 el día 20 de Enero de 1998, mediante el que se crea el Órgano Administrativo desconcentrado denominado Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales.

ARTÍCULO OCTAVO.- El Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento Interior  de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto; en tanto continuara aplicándose el vigente siempre y cuando no se oponga  a las disposiciones del mismo.  

ARTÍCULO NOVENO.- Los acuerdos, circulares, y demás disposiciones administrativas dictadas por el Procurador General de Justicia del Estado, con fundamento en la Ley Orgánica que se abroga  mediante el presente Decreto, continuarán en vigor en lo que no se oponga a la Ley que entra en vigor, hasta que aquel dicte las normas administrativas que correspondan.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Los expedientes, averiguaciones y cualquier otro asunto que a la fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica del Ministerio Público que se aprueba mediante este Decreto, se encuentren radicados y sean del conocimiento de los órganos existentes conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público que se abroga, deberán de remitirse de inmediato a los nuevos órganos para su tramitación y resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Los servidores públicos que ocupen los cargos de nueva creación establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Publico del Estado de Baja California Sur, serán nombrados en los términos de la misma  por la autoridad que corresponda, dentro del término de 30 días siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se abroga el Decreto Número 1089 del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante el cual se expide la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Baja California Sur, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 06 de Junio de 1996. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- Se abroga el Decreto Número 509 del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante el cual se crea la Academia de Policía del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 16, de fecha 20 de mayo de 1985.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO.-  El Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, contará con 60 días hábiles posteriores a la publicación de este Decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para reformar o en su caso expedir un nuevo Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- El Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, contará con 90 días hábiles posteriores a la publicación de este Decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para expedir las disposiciones administrativas necesarias para la operación del Centro Estatal de Control de Confianza, de la Academia Estatal de Policía, de la Comisión de Honor y Justicia, del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana; y demás disposiciones para la adecuada aplicación de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el Salón Sesiones del Poder Legislativo, La Paz, Baja California Sur, a los treinta días del mes de junio de 2008.- PRESIDENTE.- DIP. JESÚS GABINO CESEÑA OJEDA, SECRETARIA.- DIP. GRACIELA TREVIÑO GARZA.- Rúbricas.